En 2002 engavetaron propuestas para resolver la crisis eléctrica

EL NACIONAL - Domingo 14 de Febrero de 2010	Nación/6

ENERGÍA Anteproyecto de ley obligaba a las empresas a reducir pérdidas por conexiones ilegales

El documento contiene 40% de las medidas que aplica actualmente el Gobierno para bajar el consumo

	JEANNE LIENDO

ARCHIVO El robo de electricidad representa 30% de la energía servida, lo que quiere decir que un tercio de la energía que se vende no se factura

El anteproyecto de ley para promover la eficiencia energética, redactado en 2002 por mandato de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, aún en vigencia, incluye la mayor parte de las acciones que desde noviembre pasado ha emprendido el Gobierno para intentar evitar el colapso del sistema eléctrico dadas las críticas condiciones del embalse de Guri, que genera 75% de la energía que se consume en el país. Sin embargo, pese a que en ese año ya se presentaban fallas estructurales, el documento fue engavetado por el Ministerio de Energía y Petróleo.

El Gobierno ha establecido una serie de medidas con el objetivo de reducir el consumo de los usuarios, pero no han dado los resultados esperados: la meta era ahorrar 20% y apenas se ha alcanzado 4%, como lo admitió el fin de semana pasado el ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque.

La más reciente resolución dictada por el Ejecutivo fue el decreto de emergencia del sector eléctrico del 8 de febrero, que en su artículo 6 solicita a las autoridades estatales, municipales, administrativas, policiales y judiciales prestar "el apoyo necesario en la disminución de las conexiones no autorizadas a las redes de energía eléctrica y propiciar la regulación del servicio a aquellos usuarios conectados a las redes sin contrato".

En efecto, las conexiones ilegales o el robo de electricidad representan, según calculan los expertos del sector, 30% de la energía servida. Esto, en otras palabras, significa que un tercio de la energía que se vende no se factura. Los artículos 9 y 19 del mencionado anteproyecto ­que fue elaborado por la Dirección de Planificación del extinto Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Económica para América Latina- estipulaban parámetros para que las empresas que vendieran energía, así como aquellas que ejercieran la actividad de transmisión y distribución, midieran, controlaran y redujeran sus pérdidas comerciales, incluyendo las ocasionadas por robo". Incluso se requería que las empresas mantuvieran un programa de control de pérdidas y se le asignaba al órgano regulador la tarea de exigir metas anuales de control y reducción de pérdidas.

Cuando la otrora Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional hizo la evaluación del efecto económico y presupuestario del anteproyecto, estimó que las pérdidas no técnicas tenían un costo estimado para el sector eléctrico de 676 millones de dólares al año.

Triple esfuerzo. La formulación y ejecución de un programa de educación energética en el ámbito nacional, así como el diseño de una campaña de difusión que instruya a la población acerca del uso eficiente de la energía y de ahorro de electricidad, son medidas establecidas en el artículo 5 del decreto de emergencia y que también están incluidas en los artículos 11 y 13 del anteproyecto de ley, en los apartados sobre políticas de educación y campañas de divulgación de eficiencia energética.

El informe de la Oficina de Asesoría Económica, que se remitió al despacho del ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, el 27 de septiembre de 2002, según una misiva oficial, es el último destino conocido que se tiene del anteproyecto de ley, que contiene alrededor de 40% de las acciones que se anunciaron el 3 de noviembre en el decreto 6692 de la Gaceta Oficial 39298.

La medida reincidente es la referida a la ejecución del programa nacional de educación energética. Pero la creación de la Comisión Interministerial del Sector Eléctrico, la aplicación de incentivos fiscales, así como el marco normativo para el etiquetado, normalización y eficiencia de los artefactos del hogar, equipos y bienes de consumo general, también son materia de la cual se ocupó la iniciativa legal del Ministerio de Energía y Minas y la Cepal.

Aunque el anteproyecto no establecía un objetivo de reducción de consumo en los organismos de la administración pública, sí estipulaba en el artículo 16 metas de desempeño energético en edificios y bienes públicos, entre ellos el alumbrado en estados y municipios. "La implementación eficiente de esta política podría, en dos años, ahorrar recursos equivalentes a la deuda que mantienen las instituciones del Estado venezolano con las empresas eléctricas estatales", según los cálculos de la Oficina de Asesoría Económica.

Y antes de obligar al sector industrial, empresas básica incluidas, a aplicar una reducción intensiva del consumo de energía, que implicó la paralización de líneas de producción de Alcasa y hornos de Sidor, el anteproyecto de ley proponía en su artículo 18 que los consumidores intensivos en energía -alrededor de 60% del consumo industrial- adoptaran prácticas gerenciales que mejoran el desempeño energético de sus operaciones.