Se delega en el Poder Popular la prestación del servicio eléctrico en las comunidades
El proyecto legislativo estima que cada una de las actividades del sistema deberán contabilizarse de manera separada (Gustavo Bandres/archivo)
El proyecto de Ley Orgánica del Sistema y Sector Eléctrico, en revisión por parte de la Asamblea Nacional, aborda todos los aspectos vinculados a ese segmento económico, "como un derecho humano y social".
En sus lineamientos generales, en discusión por parte del Parlamento, se señala que el Ministerio con competencia en materia de energía eléctrica "deberá revisar anualmente los costos asociados a las actividades del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para la prestación del servicio, a fin de mantener actualizado su valor real y determinar la pertinencia de la aplicación de mecanismos de ajustes del esquema de tarifas". Ese pliego deberá considerar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Advierte el proyecto legislativo que el mecanismo tarifario "contendrá incentivos que estimulen el uso eficiente de la energía eléctrica" y podrá adoptar políticas de subsidios, especialmente orientadas a "cubrir el consumo mínimo de la electricidad suministrada a los usuarios que determine el Ministerio", y que suelen estar representados por aquellos de menores recursos económicos.
También serán empleadas estas políticas para "financiar las ampliaciones del sistema eléctrico y planes para la electrificación de áreas no servidas; favorecer áreas prioritarias e incentivar sectores productivos específicos definidos por el Ejecutivo", entre otros.
El Gobierno creará el Fondo de Subsidios, cuyos recursos provendrán de presupuestos directos del Poder Público nacional, estatal y municipal, de las multas y de personas naturales y jurídicas.
Cada una de las actividades del sistema (generación, distribución, transmisión y comercialización) "deberá contabilizarse en forma separada, conforme al criterio de transparencia y con el propósito de identificar y asignar los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos inherentes a ellas".
Poder Popular
En lo que respecta al régimen económico, el texto legislativo, éste se basa en los criterios de sustentabilidad económica y financiera del operador y prestador del servicio, uso óptimo de los recursos en beneficio del usuario y la retribución de los costos. Asimismo se estima "asegurar un costo mínimo del servicio" en cuanto a la retribución de las actividades del sistema eléctrico.
Ese instrumento contempla la exención de tributos en la cadena eléctrica, desde la generación hasta la atención del usuario. "Todas esas actividades no estarán sujetas al pago de tributos nacionales, estatales y municipales".
La propuesta de Ley confiere al Poder Popular los procesos asociados a la prestación del servicio eléctrico. Se indica que "el operador y prestador del servicio delegará progresivamente en los consejos comunales debidamente capacitados, asistidos y habilitados, las funciones inherentes a la actividad eléctrica". Se trata de la medición, lectura y notificación del consumo de electricidad; así como la participación en la ejecución de proyectos para la adecuación, expansión y mejoramiento de redes de baja tensión.
El proyecto prevé igualmente cambiar la denominación del Centro Nacional de Gestión (CNG) a Centro Nacional de Despacho (CND). "Los activos e instalaciones que sirven para realizar la actividad de despacho del sistema serán transferidos a la República para el funcionamiento del CND".
Mariela León
EL UNIVERSAL
CARACAS, lunes 07 de junio, 2010
